Cuando de lo que se trata es de defender nuestros intereses en sede judicial, a menudo surge la duda de qué repercusión tendrá para nuestro bolsillo. Todo ello lo sabremos al terminar el proceso judicial, cuando, el juez, al tiempo de dictar sentencia y con la llamada “condena en costas”, impondrá el deber de soportar las costas únicamente a una de las partes o bien cada parte deberá hacerse cargo de las suyas, siendo las comunes por mitad.
A este respecto y desde su perspectiva procesal, el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil recoge el criterio rector sobre el pronunciamiento de las costas, que no es sino el mecanismo para atribuir aquellos gastos recuperables que genera un juicio. Por ello, conviene clarificar qué costas son o no recuperables en caso de condena a la parte adversa. Mientras que los gastos del litigio no son recuperables (esto es, gastos prejudiciales como el asesoramiento legal previo, gestiones extraprocesales, coste de obtención de pruebas, y en general aquellos desembolsos que tengan su origen directo e inmediato en la existencia de dicho proceso), por cuanto se hacen por y para el juicio